Camiones llenos de militares entran a la Penitenciaría: intentan recuperar el control de pabellones.

La crisis en la Penitenciaría Litoral, donde desde el pasado martes 28 de septiembre se ha registrado la peor masacre, continúa debido a que algunos pabellones seguirían en poder de los presos.

La mañana de este jueves 30 de septiembre, ingresó personal de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para intentar controlar la situación en este centro carcelario, donde ya han fallecido unas 116 personas privadas de la libertad (PPL) y otros 80 resultaron heridos.

Amparados por el decreto de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, las FF.AA. llevan a cabo desde la madrugada una operación para requisar armas en la penitenciaría.

Se trata, dijo el gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, de una «operación de requisa en varios pabellones de la Penitenciaría del Litoral», y que se lleva a cabo «en el marco del estado de excepción decretado para continuar retomando el orden».

Por su parte, el órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI) ha informado que la policía y la fiscalía «continúan levantado información» en la cárcel, que permanece acordonada por militares, apoyados por una tanqueta.

Realmente es una tragedia, algo tremendo lo que está pasando, esta pelea entre grupos delincuenciales organizados que en la búsqueda del poder interno llegan a estos niveles, realmente es terrible la situación”, ha señaldo el director del SNAI, Bolívar Garzón.

Ayer, en una rueda de prensa en Guayaquil, Lasso admitió que aún no se retoma el control total de la Penitenciaría, tras dar a conocer la escalofriante cifra de reclusos muertos, entre ellos varios decapitados.

En paralelo, en el Coliseo Abel Jiménez Parra ubicado en el parque Samanes, norte de Guayaquil, los familiares de los detenidos siguen en la incertidumbre de saber el destino de sus parientes detenidos. Todavía no hay listado ni de vivos ni de fallecidos.

Según la Gobernación del Guayas, la asistencia comenzaría este jueves 30 de septiembre desde las 08:00 hasta las 20:00, y se realizaría un reconocimiento de huellas dactilares para reconocer a los fallecidos.

«Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales«, ha indicado Lasso, al asegurar que el Estado no cejará en su afán de «recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador».

Tras el cruento amotinamiento carcelario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas.

«En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia», expresó por Twitter.

La revuelta agrava la crisis penitenciaria causada por los choques por el poder entre bandas con nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Dos de las organizaciones criminales de Ecuador tienen unos 20.000 miembros, según informes policiales.

FUENTE: VISTAZO

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