La empresa, la Fattoría que provee la alimentación a más de 24 mil presos del país, está en la mira del Gobierno.
Este jueves la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia presentó en la Fiscalía una noticia criminis en contra de esta empresa que suspendió el servicio de alimentación por falta de pago.
Una delegada del gobierno y cinco legisladores oficialistas ingresaron, esta mañana, un documento de dos páginas, con anexos, en donde constan informes del Centro de Inteligencia Estratégica, sobre actos ilícitos de carácter penal que involucran a esta empresa proveedora del servicio.
La información no fue revelada porque el CIES la clasificó como secreta. El asambleísta Adrián Castro indicó:
«La empresa proveedora de alimentos en las cárceles del país por más de una década, hechos que han sido además muy cuestionados de la parte de la contratación pública, son licitaciones donde participan más de 7 mil personas y durante más una década una sola empresa gana».
En el documento que reposa en la Fiscalía aseguran que existe información sobre un caso denominado Alpha. Existen sospechas de presuntos vínculos con organizaciones delictivas que mantenían el control de los centros carcelarios y provocaron motines y masacres.
La Fattoría ha entregado comida para los presos desde el 2011
Esta mañana llegaron donaciones de los familiares a la cárcel de Cotopaxi. Es la única forma de alimentar a los presos, por ahora.
Los alimentos son entregados en vehículos particulares y no tienen control de calidad. En las garitas se revisan las fundas y costales para evitar el paso de objetos prohibidos.
La cárcel de Cotopaxi es parte de la zona uno con 11 440 detenidos que incluye a Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha y sucumbíos y que desde el miércoles está sin servicio de alimentación.
Hasta este martes, la empresa guayaquileña, la Fattoría dominaba el mercado de la alimentación en las prisiones. Proveía de comida al 74% de los presos.
Los contratos con el estado empezaron en 2011 cuando proveía a ciertas cárceles. Eso cambió con la inauguración de las megaprisiones. En 2016, ganó un proceso para la totalidad de los 34 centros de rehabilitación.
Hasta el 2022 el estado no concretó nuevos procesos de contratación, pero la Fattoría siguió a cargo del monopolio de la alimentación bajo convenios de pago, una figura legal que debía usarse de manera extraordinaria, pero que se convirtió en la regla.
El observatorio del gasto público cifró en USD 77 millones el monto pagado por el estado a la Fattoría.
FUENTE: ECUAVISA