En Quito, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) decomisó más de dos mil cosméticos irregulares en una operación reciente.
Por medio de la Coordinación Zonal 9 se realizó la incautación de un total de 2.223 productos cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria (NSO) que estaban siendo comercializados en el sector de La Mena 2, en el sur de la capital.
El equipo técnico de Arcsa dentro de sus controles habituales detectó un establecimiento en el que se vendían cosméticos sin NSO y otros presumiblemente falsificados, ya que el código que constaba en su etiqueta correspondía a otro tipo de producto.
Por ello, al ser cosméticos de origen irregular se procedió a su decomiso y el levantamiento del debido proceso sancionatorio para determinar las responsabilidades del caso e imponer las sanciones de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Salud.
La institución también recomendó a los ciudadanos que antes de utilizar cualquier tipo de cosmético verifique que cuenten con notificación sanitaria obligatoria, ya que de esta manera se garantiza su calidad y seguridad.
¿Cómo se reciben las alertas sanitarias
Las alertas sanitarias son aquellas informaciones que detallan riesgos potenciales asociados con productos de uso y consumo humano, como alimentos, medicamentos, cosméticos o productos naturales de uso medicinal.
Arcsa recibe estas alertas a través de denuncias ciudadanas, investigaciones internas, planificación institucional o notificaciones de agencias sanitarias internacionales.
Mientras que, las clausuras de ARCSA a establecimientos que incumplen la normativa sanitaria están destinadas a prevenir que sigan produciendo y/o comercializando productos de uso y consumo humano en condiciones insalubres.
En primera instancia, esta medida es temporal hasta que sus representantes demuestren haber subsanado las irregularidades detectadas en inspección, garantizando así la seguridad y calidad de los alimentos o productos.
Sin embargo, la institución omite los nombres de los locales clausurados, «para garantizar un proceso legal justo con sus representantes», conforme a lo establecido en la Constitución.
FUENTE: ECUAVISA