La audiencia para la revisión de medidas cautelares, solicitada por 10 procesados en el caso Plaga, se reinstaló la mañana del 2 de octubre. Los abogados defensores avanzaron con las motivaciones para el cambio de medidas y luego fue el turno de la fiscal general, Diana Salazar, quien acudió por segundo día consecutivo y pidió que estas se mantengan.
Salazar reiteró los elementos de convicción por los que pidió las medidas cautelares para los procesados y fue enfática al solicitar que se les niegue el cambio. Según la funcionaria, los pedidos no fueron debidamente justificados, ni se han presentado circunstancias nuevas para sustituirlas.
Para la funcionaria, entre los principales riesgos está el de fuga de los procesados.
Una red de corrupción en el sistema de justicia
El proceso, por presunto delito de delincuencia organizada, se sigue en contra de 14 personas, entre jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos.
Según la Fiscalía General del Estado, los 14 procesados habrían otorgado de forma ilegítima acciones constitucionales a personas privadas de la libertad para que recuperen su libertad.
La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que los privados de Libertad «obtengan libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones».
FUENTE: ECUAVISA