Quito es el nuevo cantón que forma parte del reciente estado de excepción emitido, este jueves 3 de octubre, por el presidente Daniel Noboa. Para su inclusión, el Gobierno tomó en cuenta el incremento de hechos violentos registrados en la capital.
Junto a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay, Quito experimentará esta medida durante un período de sesenta días, en respuesta a la «grave conmoción interna y conflicto armado interno» que atraviesa el país.
Hechos violentos en Quito
La decisión del Gobierno se basa en un análisis de la situación de seguridad en la capital, donde se ha evidenciado un aumento en las hostilidades y delitos.
Según el decreto ejecutivo, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia presentó el documento titulado “Barrido sobre hechos violentos del 01 al 25 de septiembre de 2024”, que detalla 70 noticias de violencia reportadas por canales de televisión nacionales y 102 publicadas en medios impresos y digitales.
Además, se registraron 10 noticias en medios internacionales, entre ellas, el asesinato de la directora del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1 y un ataque armado en Quito, evidenciando que la violencia ha generado una conmoción a nivel internacional.
Una funcionaria administrativa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Katherine Lizbeth Mazón Moreta, murió luego de ser atacada por sicarios junto a su esposo.
Las dos víctimas del ataque, ocurrido el pasado jueves 19 de septiembre, iban dentro de un vehículo cuando fueron interceptados por una motocicleta con dos hombres, uno de los cuales disparó repetidamente un arma fuego, reportó la Policía Nacional.
Este atentado se produjo menos de una semana después del asesinato de María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en Guayaquil.
Los fundamentos del decreto también destacan la grave conmoción interna provocada por los ataques de grupos armados organizados, que han aumentado su violencia en diversas provincias, incluyendo la capital.
El informe previo a la declaratoria del estado de excepción incluye un análisis técnico sobre la dinámica de las organizaciones criminales y un reporte de incidencias en las áreas más afectadas por la violencia. Específicamente, un oficio del 28 de septiembre de 2024, remitido por la Policía Nacional, también analizó la violencia y delincuencia en el Distrito Metropolitano de Quito.
Se menciona que el accionar conjunto y coordinado de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas ha permitido que estos grupos armados organizados hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país, y debilitado sus estructuras, sin embargo buscan otras formas de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia.
De acuerdo con el informe del Ministerio del Interior sobre homicidios intencionales en comparación con el año anterior, y complementado por la información del CIES y diversos medios de comunicación, se evidencia un mantenimiento de hostilidades por parte de grupos armados organizados en el país.
Estos actos de violencia continúan sin cesar, lo que refleja su objetivo de «desestabilizar la institucionalidad del Estado», señala el decreto.
En las zonas abarcadas por este estado de excepción quedan suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como la libertad de reunión.
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la realización de inspecciones, allanamientos y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conducentes a la ubicación, registro de los lugares destinados a ocultarse las personas pertenecientes a las bandas criminales.
FUENTE. ECUAVISA