Carlos Pólit evadió la justicia en Ecuador. Pero no logró esquivar la justicia estadounidense, que lo sentenció a diez años de cárcel y a pagar 16,5 millones en bienes. Procuraduría ecuatoriana confirma que ya contrató un estudio jurídico especializado, para iniciar la recuperación de parte de esos bienes. Unos 2.600 millones de dólares se blanquearon en el sector inmobiliario de EE.UU., en los últimos 20 años. Ese país acaba de poner candados normativos para evitar el lavado en sector inmobiliario. En tanto, el Estado ecuatoriano recuperó en junio 93,6 millones de dólares, de cuentas suizas, producto del esquema de corrupción de la multinacional Gunvor en Petroecuador.
En Ecuador tiene una sentencia de seis años de cárcel y una orden de reparación por 40,4 millones de dólares en bienes. Aún está pendiente. En los últimos siete años, desde que salió del país, los problemas, los juicios y los años le cayeron como una avalancha. La corte del Distrito Sur de Florida sentenció a diez años de prisión y el decomiso de bienes al excontralor Carlos Pólit.
La jueza Kathleen Williams determinó que el exfuncionario ecuatoriano es culpable de cargos de lavado de activos y otros cuatro delitos, relacionados con corrupción y sobornos.
Según el Departamento de Justicia, el sistema ordenó el decomiso de 16,5 millones de dólares en bienes, de acuerdo con la sentencia emitida el primer día de octubre.
Pólit, de 73 años, durante el juicio rápido basó su estrategia en proyectar una imagen de honorabilidad. Su defensa intentó posicionar una narrativa de él como un adulto mayor vulnerable, bondadoso y colaborativo con las autoridades de la prisión. En la práctica, “Se equivocó al creer que las cosas funcionan como en Ecuador, en Estados Unidos los procesos avanzan y al haber empezado el juicio rápido (speedy trial) la Fiscalía acumula evidencia en pocas semanas, tal como ocurrió”, explica el abogado penalista Francisco Estupiñán, presidente de la firma FEXLAW. Esta organización tiene diez años de experiencia en litigio penal y derecho complejo.
Aunque la Fiscalía de ese país había solicitado 19 años de prisión, la jueza la fijó en diez. “La decisión se enmarca en los parámetros de la justicia estadounidense. El sistema americano es pragmático y en delitos de corrupción busca la reparación del daño a través de los bienes; no a través de la cárcel”.
“El sistema anglosajón apuntó hacia los bienes y activos provenientes de un esquema de corrupción, que fueron lavados a través del sistema financiero americano; el engranaje judicial lleva 300 años de existencia y se aplica con pragmatismo”, explica Estupiñán.
Pero, ¿qué pasa con la sentencia y la obligación de pagar sus cuentas pendientes en Ecuador? Vistazo le consultó a Procuraduría General del Estado.
Esta institución, que representa los intereses del Estado, confirmó que ya contrató un estudio jurídico internacional especializado en recuperación de activos, para iniciar las acciones que permitan recuperar los bienes en Estados Unidos.
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN CAMINO
“La Procuraduría General del Estado ha verificado que existe la opción de solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en la cooperación internacional, la cual se contempla en la legislación americana y en la convención interamericana sobre asistencia legal mutua penal, de la cual son parte Ecuador y Estados Unidos. La entidad se encuentra coordinado acciones con las entidades pertinentes para que Ecuador pueda remitir oficialmente una solicitud de reparto internacional de activos”, respondió la entidad.
En Ecuador, Pólit tiene registrados escasos bienes. Según la Procuraduría, el hoy sentenciado tiene un departamento en el quinto piso del conjunto de edificios Plaza Torre, en La Floresta. Allí cuenta con un espacio de estacionamiento y una bodega. Además, están identificadas varias cuentas bancarias en estas entidades financieras del exterior: Regions Bank, Bank of America, Ocean Bank, Wachovia Bank y Crown Classic Banking.
Según la PGE, esta entidad “ha insistido ante el Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia para el embargo de los bienes”.
En el círculo familiar de Pólit, su hijo John se habría convertido en profesional del blanqueo de activos, por su experiencia en el sector financiero internacional, ya que cuenta con una ingeniería en producción y una maestría en administración. A sus 43 años trabajó en reconocidos bancos estadounidenses: laboraba en Merril Lynch, hasta que el entramado salió a la luz. El clan invirtió los recursos en bienes inmuebles en la Florida. Eso salió a la luz en el curso de la investigación de la justicia en ese país.
El de Pólit se convirtió en un caso de estudio a nivel internacional. El informe “Riesgo de Lavado en el Sector Inmobiliario Comercial” lo recoge. El estudio fue difundido en mayo de este año y realizado por tres entidades de la sociedad civil, preocupadas por la penetración de dineros sucios en la economía y el sistema financiero formal.
Para Estados Unidos es una voz de alerta. No menos de 2.600 millones de dólares de fondos de origen turbio habrían sido invertidos en el sector inmobiliario en los últimos 20 años, cita el documento. 22 estados de ese país serían los destinos preferidos por los blanqueadores de capitales. Entre los lavadores detectados están oligarcas rusos, corruptos de alto vuelo y el excontralor ecuatoriano.
UN CASO EMBLEMÁTICO
La investigación rastreó 25 casos, originados en esquemas de corrupción en distintos países. 14 de ellos involucran a personajes de alta exposición pública, es decir, funcionarios de altísimo perfil. Pólit es uno de ellos. Bienes inmuebles, oficinas, lavanderías, restaurantes y otros negocios en marcha están entre el abanico de bienes en poder de su círculo cercano.
Las entidades que participaron en la investigación son ACDC (siglas en inglés del Colectivo de Datos Anticorrupción), FACT Coallition (por las siglas de la Coalición para la Transparencia y la Rendición de Cuentas Financiera) y GFI, que corresponde a la entidad que busca la Integridad Financiera Global.
Julia Yansura, directora de Programas de Crímenes Ambientales y Financiamiento Ilícito de la coalición FACT, y una de las responsables del estudio, explicó a esta alianza que en los últimos cinco años, Estados Unidos se convirtió en un “sector top” para el lavado de activos. Esto motivó a que esa nación modificara sus normas antilavado.
“El sector inmobiliario es atractivo para criminales. Permite lavar grandes cantidades en una sola transacción. Es buena inversión. Los criminales son malos, pero no son tontos; buscan además rentabilidad para su dinero. En el pasado, mantenían bolsas de efectivo en su jardín; en cambio, un bien es una inversión, además, multifuncional porque pueden vivir en mansiones proyectando imagen de éxito empresarial lícito”.
Aunque el mecanismo que crea los blindajes contra el lavado de activos a nivel internacional (GAFI) emitió una normativa en 2022, para aumentar los controles, hay mucho por hacer. Estados Unidos, sin embargo, acaba de dar pasos contundentes.
“Este año, Estados Unidos tomó medidas adicionales para controlar el lavado de activos, para proteger el sistema financiero y para ayudar a combatir la corrupción y la cleptocracia. Esto va a tener impacto en otros países”, explicó la experta.
“Primero, se creó el requisito de declarar los verdaderos dueños de las empresas, los llamados beneficiarios finales. Esto aplica a empresas extranjeras, que hacen negocios en Estados Unidos. Así, un señor corrupto que robó dinero del Ecuador y creó una empresa fantasma en Florida, ya no va a poder esconderse por mucho tiempo”.
Según la reforma, la Fiscalía de terceros países podrá enviar pedidos formales para conocer quién está detrás de las empresas. Además, EE.UU. extendió responsabilidades antilavado al sector inmobiliario residencial. La autoridad anunció que ampliará esta responsabilidad al sector comercial, de modo que tiendas, restaurantes, centros comerciales, gimnasios, casinos y otros negocios entren a la esfera de control antilavado.
LAS COIMAS DE GUNVOR
El jurista Francisco Estupiñán, presidente de la firma especializada FEXLAW, cuestiona la lentitud del Estado ecuatoriano. “El sistema no ha demostrado efectividad en la recuperación de activos; yo he criticado que prefiere tener a una persona sentenciada a varios años de prisión, que recuperar los fondos de la corrupción”.
Además, cree que es inconveniente que los bienes recuperados se integren a la cuenta única del tesoro. En Estados Unidos, en cambio, los recursos se inyectan en las mismas entidades del sistema de justicia, lo que las impulsan a seguir seguir investigando. Aquí, lamenta, “es increíble constatar la falta de recursos que enfrenta la función judicial”.
El de Pólit, si bien es un caso ampliamente mediatizado, no es el único que involucra recuperación de bienes en el exterior.
Estupiñán confirma que no solo es factible, a partir de convenciones internacionales, sino que existe un instructivo para aplicar la recuperación y el reparto de bienes entre estados víctimas de delitos de corrupción. Además, explica que casi todas las transferencias bancarias entre dos naciones pasan por la intermediación del sistema financiero estadounidense. Esto vuelve rastreable la ruta de los pagos.
Ante interrogantes de varios expertos sobre la efectividad en la tarea de recuperación del Estado ecuatoriano, esta alianza preguntó a Procuraduría (PGE) sobre el avance en los casos relacionados con delitos cometidos en Petroecuador.
El país recibió 93,6 millones de dólares, que se efectivizaron el 11 de junio de 2024, en la cuenta única del tesoro nacional, según la PGE. Este acuerdo se logró, explica el organismo estatal, luego de que en marzo la multinacional Gunvor, comercializadora de materia prima con sede en Suiza, “se declaró culpable en Estados Unidos por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”.
“La condena se dio en el contexto de la causa en la que fue sentenciado, también en Estados Unidos, Nilsen Arias, exgerente de comercio exterior de Petroecuador”.
Gunvor admitió que entregó sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano entre 2012 y 2020, para asegurar negocios con Petroecuador.
En otro caso de lavado de activos, con tres sentenciados, la cooperación internacional entre Suiza y Ecuador permitió que se repartieran 342 mil dólares, de los cuales 171 mil dólares ingresaron a las arcas del tesoro en julio de 2023.
Como parte de las acciones para identificar bienes en el exterior, de sentenciados por delitos de corrupción, Procuraduría afirma haber ubicado ocho cuentas en entidades financieras, relacionadas con Alex Bravo y empresas vinculadas, por más de 3,9 millones de dólares.
Es factible recuperar bienes y recursos producto de delitos de corrupción, a partir de la aplicación de acuerdos internacionales, lo cual no significa que sea sencillo o rápido, confirma el experto peruano en temas de recuperación de activos, Óscar Solórzano. Él explica un caso emblemático, que interesa tanto a Ecuador como a Perú.
GUERRA, COIMAS Y REPARACIÓN
El conflicto bélico entre Ecuador y Perú ocurrió a mediados de los años 90. Con el argumento de que era urgente aumentar la capacidad armamentista, autoridades civiles y militares peruanas optaron por comprar equipos y aviones para el Ejército peruano. Hubo sobornos, por parte de empresas rusas y bielorrusas, según establecieron procesos judiciales.
La investigación que detectó la ruta del dinero y terminará en la recuperación de al menos diez millones de dólares ha tomado cerca de 20 años, explica en entrevista Óscar Solórzano, especialista en recuperación de activos y director del Instituto de Basilea para América Latina. Con 52 años de edad, de origen peruano-suizo y con formación académica en Suiza, el experto explica en entrevista que éste es un caso emblemático en su vida profesional.
“Participé como analista financiero y en apoyo al proceso local en Perú. Un ciudadano israelí actuó como traficante de armas; la recuperación de estas cuentas nos ha tomado 20 años”.
El proceso demuestra todas las etapas de la complejidad de un caso de recuperación de activos. El acto de corrupción se concretó en 1997. “La recuperación concreta del monto en Suiza, luego de instancias judiciales y recursos, se concreta en febrero de 2023. Este momento, el dinero está en proceso de recuperación para que devuelvan diez millones de dólares al Estado peruano”.
“En los últimos 20 años, América Latina ha hecho esfuerzos enormes por desarrollar leyes antilavado. De los 18 países de la región, 11 tienen avances para recuperación de activos, incluyendo Ecuador”. No obstante, advierte que hay una falta de armonía entre la legislación de los países. “Por ejemplo, Uruguay no tiene una ley de extinción de dominio. Puede haber una dificultad con Ecuador, que sí la tiene”.
Según el experto, Colombia, desde los años 90, y Perú, más recientemente, emprendieron una “lucha feroz” para la recuperación de activos. “Hay una experiencia regional, que deberían aprovechar las autoridades ecuatorianas”.
El tema es complejo. Pasa por un problema de capacidades, ya que el número de fiscales especializados es limitados. “Con más de 20 años de experiencia en la región, se deberían sistematizar las experiencias para generar currículas académicas”.
“No hay cursos especializados de recuperación de activos; es una disciplina moderna y compleja. Los fiscales aprenden sobre la marcha”.
Solórzano advierte que cada Estado requiere de tenacidad y persistencia en un proceso de este tipo, porque en 20 años ocurren cambios políticos. Explica que hay mecanismos para el reparto de los bienes, cuando dos o más estados se identifican como víctimas de los delitos.
FUENTE: VISTAZO