La reciente sentencia del caso Purga, que condena a jueces y funcionarios judiciales por delincuencia organizada, es un paso significativo. Sobre todo en Ecuador, país que es testigo de cómo la corrupción judicial sabotea los principios de justicia e imparcialidad.
Este caso involucró sobornos y favores judiciales en procesos penales, un hecho que evidencia la podredumbre que afecta al sistema por años. Sin embargo, el avance en este proceso no puede quedarse ahí. El Ecuador afronta una corrupción que está lejos de limitarse a una sola provincia: Guayas.
En el caso Purga, los sentenciados eran parte de una red que manipulaba sentencias y favorecía a los acusados. Entre ellos se encuentran el exasambleísta, Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo y el exjuez Johann Marfetán.
La Fiscalía probó cómo esta estructura criminal usaba el sistema judicial para garantizar la impunidad de personas vinculadas a delitos graves. Mientras tanto, el resto del país observa cómo las redes de corrupción continúan operando en otras provincias del país.
La condena del caso Purga es vista como un hito en la lucha contra la delincuencia organizada. Esto se da porque en Ecuador, los casos de corrupción suelen no llegar a juicio o aplazarse indefinidamente. Sin embargo, este resultado es insuficiente si no se toma como ejemplo para extender más investigaciones a escala nacional. ¿Qué está ocurriendo en las cortes de Pichincha, Manabí, Loja, Tungurahua, Azuay…?
Hace falta más investigaciones sobre sobornos y sentencias amañadas. Hay otros tres casos que también revelan la decadencia del sistema judicial ecuatoriano, pero no son suficientes. Entre ellos está la sentencia del caso Metástasis, en el que la Corte Nacional de Justicia condenó a nueve años de prisión al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, junto con otros 10 exfuncionarios públicos.
A mediados del 2024, se vinculó a servidores judiciales por supuesta delincuencia organizada, al caso Plaga. Uno de los jueces acusados en este último caso aceptó que permitió la liberación de dos cabecillas de la banda Los Lobos, a cambio de 35 mil dólares. Este y otros jueces involucrados han recibido sentencias con penas reducidas.
El caso Pantalla, en el que la Fiscalía investiga el delito de asociación ilícita en el CJ, en la época de Wilman Terán, en el concurso para jueces nacionales 2023, también suma.
El país no puede conformarse con estos casos. La Fiscalía y las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción deberían extender sus investigaciones a las 24 provincias. Es necesaria una depuración del sistema judicial a fondo. No hacerlo será perpetuar la impunidad y la desigualdad. Los ecuatorianos merecen un sistema judicial independiente y transparente, donde no se resuelva con dinero bajo la mesa.
No es posible que en Ecuador, las denuncias sigan acumulándose, las investigaciones se frenen o los casos se diluyan en un sistema que parece diseñado para proteger a los corruptos. La presión política y económica influye en los fallos de los jueces y fiscales. Mientras no exista una reforma estructural, la justicia en Ecuador seguirá siendo un privilegio de pocos.
La corrupción judicial ha sido un obstáculo histórico para el desarrollo de la justicia en Ecuador. La impunidad no solo afecta la credibilidad de las instituciones, sino que perpetúa la desigualdad y la violencia. El caso Purga es una parte de la limpieza en las cortes del país, donde el juicio se base en la ley y no en las influencias. De lo contrario, esta sentencia se convertirá en una anécdota, mientras las estructuras corruptas siguen operando con total impunidad en el resto del territorio nacional.
La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales deben mantener la presión para que el caso Purga no sea la excepción. Este proceso debe promover una justicia que no discrimine y que actúe contra quienes convirtieron el sistema judicial en un negocio. La corrupción en las cortes destruye vidas, y es momento de que el país se comprometa a cambiar este rumbo.
El país no necesita más promesas vacías. Se requiere más acciones concretas y extender la lucha contra la delincuencia organizada a cada provincia. Hay que investigar a fondo a los sospechosos y llevarlos ante la justicia. Solo entonces podremos hablar de un cambio significativo.
FUENTE: EL COMERCIO