El exlegislador Ronny Aleaga y otras 12 personas fueron vinculadas oficialmente en la investigación que se sigue por el caso Metástasis. La mañana del 15 de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, formuló cargos en contra de los nuevos implicados en el presunto delito de delincuencia organizada.
Cada uno de ellos, según la Fiscalía, tuvo un rol específico dentro de la trama de corrupción. Ronny Aleaga, quien sería alias Ruso en los chats de Leandro Norero, «desde su posición habría actuado para silenciar al excandidato presidencial Fernando Villavicencio«, indicó Salazar.
La Fiscalía detalló en redes que la participación de Aleaga estaba dirigida a:
«Silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas: el excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio, quien públicamente denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier J. y Leandro Norero».
Ante ello, Diana Salazar pidió al juez se dicte prisión preventiva en contra de Ronny Aleaga, «quien salió del país en diciembre por la frontera norte».
Dijo que no cabe otra medida porque su jefe en la organización criminal, Xavier Jordán, «está prófugo y puede seguir coordinando acciones delictivas con él». También recordó que Aleaga está respaldado por la organización política Revolución Ciudadana, que tiene 52 legisladores en la Asamblea.
La misma medida se solicitó para los otros 12 procesados. Según la Fiscal, es necesario que permanezcan bajo prisión, pues en libertad «van a seguir realizando actividades criminales». A la par, pidió retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes para los 13 implicados.
Para Ronny Aleaga y Claudia Garzón, Salazar pidió además localización y captura.
Otros 12 implicados
En este proceso, la Fiscalía también vinculó a la ex comisionada de pacificación Claudia Garzón. La tesis presentada por Salazar es que la mujer participó en la obtención de numerosas comodidades penitenciarias para Leandro Norero (+). Esto, como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación.
La fiscal de Guayas, Yanina Villagómez, habría sido el brazo jurídico al que acudían los líderes de la organización para obtener asesoramiento y buscar apoyo en diversos procesos judiciales contra LeandroNorero y su círculo cercano.
Juan Pablo Jaramillo Dávila fue proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil y actualmente también es procesado por peculado. En el caso Metástasis, su rol habría sido facilitar depósitos para obtener comodidades para Norero dentro del Centro de Reabilitación Social de Cotopaxi. Él realizó un depósito de USD 1 200 a la procesada y guía penitenciaria Katherine Guaita.
El segundo guía penitenciario es Carlos Mendoza, a quien la fiscalía señala por ayudar a Norero durante su estadía en la cárcel.
Doris Oviedo, perito especializada en finanzas que actuó en los casos Yunda y Sobornos, fue la encargada de la investigación en el proceso de lavado de activos contra Leandro Norero y su familia. Presuntamente, habría participado en la manipulación de elementos de convicción junto con los procesados Héctor David P. y Cristian Reinaldo Ch.
Myriam Delgado Chávez, académica que también integró la Comisión de Pacificación de las cárceles. Según Fiscalía, ayudó a Norero a tener comodidades mientras estuvo en prisión, a cambio de dinero.
Elio Ernesto A. colaboró con Norero en la cárcel de Cotopaxi. Recibió USD 2 000 para comprar «varios chanchos» que el narcotraficante le pidió para celebrar el Día de Recluso.
El expolicía Ángel Eduardo L. fue el encargado de hacer el seguimiento a la agente fiscal Lidia Sarabia, quien se encontraba a cargo del expediente de lavado de activos de Leandro Norero.
Romel David T. juez de Cotopaxi, mediante el procesado Cristian R. negociaba y convencía a otros jueces para emitir resoluciones sobre medidas cautelares en beneficio de la cúpula de la organización.
Eduardo Alejandro R. era socio y accionista de Vilmar C. en la empresa de seguridad Centro de Investigación y Protección – CEINPRO CIA. LTDA. Su posición le permitió colaborar en el financiamiento que el líder del grupo criminal requería para adquirir comodidades en el Centro de Rehabilitación donde se encontraba recluido. El dinero era depositado en la cuenta de Katherine Guaita.
Marcel Adrián L., alias el Joyero, era el operador financiero de la cúpula criminal. Manejaba dinero y propiedades de Norero, que provenían del financiamiento, en gran medida, de Xavier J.
FUENTE: ECUAVISA