La jueza Tanya Loor Zambrano aceptó una acción de habeas corpus presentada por el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos y declaró la desaparición forzada de cuatro niños que fueron detenidos por integrantes de la Fuerza Aérea en el sur de Guayaquil, el pasado 8 de diciembre.
La magistrada indicó que los militares involucrados, quienes actualmente se encuentran bajo custodia, no siguieron los protocolos establecidos al retener a los menores de edad, que según el Ministerio de Defensa, fueron trasladados hasta la parroquia rural de Taura, situada a 30 kilómetros de Guayaquil, y liberados «sanos y salvos».
Allí, aproximadamente a las 23h00, los niños habrían realizado una llamada desde el celular prestado de un ciudadano en el que informaron a una de las familias sobre el arresto. A partir de ese momento no se conocen más detalles sobre lo que les ocurrió.
La resolución judicial fue emitida en el Complejo Judicial Florida Norte, ubicado en Guayaquil, al que acudieron familiares de los menores de edad y representantes del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.
En adición, durante la diligencia, la Fiscalía General del Estado solicitó «fecha y hora» para formular cargos contra los 16 integrantes de las Fuerzas Aéreas investigados por la desaparición forzada.
Como medidas de reparación integral, se dispuso lo siguiente:Que el Estado, por medio del sistema nacional competente, realice los actos investigativos para dar con el paradero de los niños.Garantizar los protocolos suficientes para localizar a los cuatro niños.Que el Estado por medio de Ministerio de Salud Pública, brinde atención psicológica a los niños y sus familiares.La creación de una comisión de cinco personas que trabajen en una investigación independiente a la que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado.Que la Defensoría del Pueblo cree un programa de capacitación a las Fuerzas Armadas para tratamiento de casos sobre niños, niñas y adolescentes.Creación por parte del Ministerio de Educación de un documental educativo en el que se dé a conocer a la ciudadanía sus derechos humanos en un contexto de estado de excepción y los límites de participación de agentes estatales.
Días de protestas e incertidumbre
Grupos de derechos humanos y activistas sociales han efectuado manifestaciones para exigir que se investigue el caso y queel Estado garantice que los menores vuelvan con sus familias.
Incluso el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, a solicitud de la Asamblea Nacional de Ecuador, ha pedido este mismo martes al Estado ecuatoriano que formule una estrategia integral y urgente para la búsqueda inmediata de los cuatro niños desaparecidos: Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11).
FUENTE: VISTAZO