La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional exigió este martes que se derogue la resolución de concesión del Campo Sacha debido a que el consorcio Sinopetrol no ha entregado una prima de $1500 millones dentro del plazo establecido por el Ejecutivo.
«Siendo las 21h00 del 11 de marzo del 2025 y al cierre de las operaciones financieras, se ha verificado que no han sido acreditados los $1500 millones a la cuenta del Ministerio de Finanzas en el plazo otorgado por el Gobierno Nacional», informó la mesa legislativa inicialmente.
«El inexistente consorcio Sinopetrol, que se conformaría por las empresas Petrolia y Amodaimi, simplemente no ha cumplido, demostrando su incapacidad económica para asumir la operación del Campo Sacha», agregó la comisión en un comunicado.
USD 1.500 millones para el 11 de marzo
El pasado martes 4 de marzo, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció que el campo petrolero iba a ser operado durante los próximos veinte años por Sinopetrol.
Cuestionada la adjudicación en ese entonces por la Asamblea Nacional,en la que el correísmo es la primera fuerza de la oposición, el Ministerio de Energía adelantó en ese entonces que el nuevo operador de Sacha iba a invertir un capital de 1.716 millones de dólares en los siguientes veinte años, y costos operativos de 3.500 millones de dólares.
“La negociación para la exploración del campo Sacha se mantiene ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes se merecen: 1500 millones de dólares como prima, destinados a su seguridad, a su bolsillo, a su salud, a su bienestar”, declaró a inicios de marzo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
“El impulso que le darían a nuestra economía y desarrollo social es lo que muchos quieren evitar, porque te prefieren en la pobreza para explotarte (…) Si hasta el 11 de marzo, 21:00 no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones”, aseguró.
Defendiendo la adjudicación, el Gobierno detalló que Petroecuador operó el campo Sacha con una infraestructura deteriorada, con más de 50 años de antigüedad, equipos con corrosión interna y externa, un sistema contraincendios que no cumplía con las normas internacionales, y más de 1.200 puntos de contaminación, lo que representaba graves riesgos de catástrofes ambientales.
La nueva propuesta busca revertir esta situación a través de técnicas avanzadas de recuperación, con una inversión de capital de USD 1.716 millones y costos operativos de USD 3.500 millones. Hasta ahora el Ejecutivo no ha confirmado que desistió de firmar el contrato del acuerdo en pie.
FUENTE: ECUAVISA