Bibian Hernández ejerció el Derecho sin tener título; recién lo obtuvo en 2021. La audiencia para formulación de cargos por presunto lavado de activos fue diferida para la mañana de este lunes 26 de febrero. Entre 2011 y 2023, recibió 15 millones de dólares en ingresos. Tuvo vínculos comerciales con NexoGlobal, la empresa clave en el Caso Sobornos, por el que fue sentenciado el expresidente Rafael Correa.
Descrita como la operadora política del correísmo. El nombre de Bibian Hernández saltó a la palestra a fines de enero, cuando Fiscalía allanó las oficinas de esta abogada que ejerció la profesión sin haber tenido registrado su título: éste fue inscrito recién en febrero de 2021, según la página de Senescyt.
El proceso por presunto lavado de activos se sigue contra Bibian Hermita Hernández, Luis Carlos O., Ericka C. y las empresas Global Strategy Law Bhv C.A. y Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A., dirigidas por Hernández. El nombre de ella aparece citado en dos chats del caso Metástasis, en el contexto de las gestiones a favor de la agenda de impunidad del narco Leandro Norero.
Esta alianza mapeó la actividad comercial de la acusada y las empresas a las que representa. En total, ella recibió ingresos superiores a 15,3 millones de dólares. En ese mismo período, tuvo egresos por 4,5 millones de dólares.
Sus relaciones contractuales secretas salen a la luz. Tanto Bibian Hernández como Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A. mantuvieron contratos por 103 mil dólares con NexoGobal S.A. Esta firma, actualmente en fase de liquidación, fue la entidad usada como fachada durante el gobierno de Rafael Correa, según el esquema descrito en el caso Sobornos 2012-2016. Una oficina paralela a la Presidencia de la República gestionaba recursos, que llegaban como donaciones por parte de empresas privadas para actos de campaña proselitista. A cambio, las empresas donantes recibieron contratos públicos. NexoGlobal fue la entidad que encubría estos hechos y les daba un manto de aparente legalidad contractual. Pamela Martínez Loayza, exjueza constitucional y exasesora del presidente Rafael Correa, fue una de las cabezas de este entramado. Esto no es casual. Hernández fue defensora del correísmo en el caso Sobornos.
Un pago de cien mil dólares vincula a Hernández con un empresario implicado en una investigación internacional por lavado de oro.
Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A. tuvo ingresos por 5 millones de dólares entre 2017 y 2022; en ese período tuvo egresos por un millón de dólares. Global Strategy Law Bhv C.A. por su parte registra ingresos por cien mil dólares en ese período; en tanto que sus egresos representan algo más de diez mil dólares.
Un cliente TOP de ambas empresas y de la abogada Hernández es una firma constructora que resultó beneficiaria de la ilegal subdivisión de contratos, por parte de una contratista de origen chino.
A partir de mayo de 2017, Hernández se volvió asesora en temas legales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con un contrato por servicios profesionales, para el pago de dos mil dólares mensuales, más IVA, a través de factura. A ese cargo habría llegado, a pesar de no tener su título registrado aún, por influencia de un abogado interno de la Federación. Él estaría a su vez relacionado con la firma constructora que en mayo de 2018 recibió el contrato para la construcción de la Casa de la Selección, en Daule, según documentos revisados por esta alianza.
Nacida en Quisapincha, provincia de Tungurahua, en diciembre de 1971, Hernández llegó a construir una red de empresas que la relacionan con personajes señalados por actos de corrupción. Entre ellos, representantes de firmas mencionadas como causantes del perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL).
En Miami, Hernández constituyó tres firmas, una de ellas, especializada en asesoría para figuras políticas.
En su base de relaciones comerciales se encuentra un abogado que fungió como director de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Él, a su vez, fue defensor de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, propietarios de Sky Jet Elite. Esta empresa fue creada en Miami en 2011, luego de que el segundo de ellos dejara la Dirección de Aviación Civil. La justicia estadounidense relacionó a la compañía con casos de narcotráfico.
El portal de causas judiciales muestra que Hernández fue procesada en el pasado por el delito de estafa.
FUENTE: ECUAVISA