La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y otras organizaciones sociales piden la salida de las fuerzas del orden de las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, ubicadas en el cantón Sigchos (Cotopaxi). Además, denuncian una serie de acciones represivas por parte de los uniformados en contra de los protestantes antiminería.
Desde el pasado 19 de marzo se han reportado enfrentamientos debido a la socialización que se hacía en la comunidad para una consulta ambiental del proyecto minero La Plata, de propiedad de la empresa canadiense Ático Mining.
Ante la tensión que se había generado, un juez suspendió provisionalmente la consulta como medida cautelar, dentro del proceso de acción de protección interpuesta por el alcalde del cantón Sigchos.
Con esa decisión se esperaba la salida de los militares y policías, pero CEDHU denuncia que la represión se ha intensificado los últimos días. El martes 26 de marzo, por ejemplo, la organización recibió llamadas de auxilio de mujeres campesinas que denunciaron emboscadas.
Así mismo, circularon imágenes de personas heridas aparentemente con disparos de balas de goma. Uno de ellos habría sido un ciudadano llamado Mesías Robayo, quien fue impactado en el rostro por perdigones, según la CEDHU. La víctima permanece con pronóstico reservado.
Por su parte, la Gobernación de Cotopaxi indicó que las fuerzas del orden no han utilizado armamento letal, ni perdigones, “únicamente material disuasivo (gas lacrimógeno)”. Agregó que “el grupo organizado que pretendía romper con el orden público utiliza artefactos explosivos improvisados, como tubos con voladores y armas cortopunzantes”.
¿ESTIGMATIZACIÓN?
Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se pronunció sobre los hechos de violencia en Palo Quemado. En un video informó que un grupo equipado “con armas altamente peligrosas” ha herido a varios miembros de la fuerza pública y destruido propiedad privada.
El funcionario recordó que un “acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito, por su naturaleza, es intimidar a una población”.
Esto ha sido tomado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) como estigmatización y criminalización a quienes se oponen a proyectos mineros.
En Quito también se han realizado plantones para rechazar la minería en Palo Quemado. Organizaciones sociales se unieron en los exteriores de la Embajada de Canadá, por la procedencia de la empresa que tiene a cargo el proyecto La Plata.
Mientras que el pasado miércoles hubo protestas en el Ministerio de Ambiente, donde se reportaron altercados entre policías y ciudadanos. CEDHU denunció que los uniformados “lanzaron gas pimienta en la cara a personas que se encontraban en el plantón, varias de ellas mujeres, y a periodistas que realizaban cobertura”.
“Estos hechos dan cuenta del uso excesivo de la fuerza y de la política para reprimir la protesta pública y coartar la libertad de expresión”, manifestó la entidad que defiende los Derechos Humanos.
PEDIDOS AL GOBIERNO
CEDHU hizo un llamado a respetar los estándares internacionales de derechos humanos, que establecen normas de protección para personas defensoras y defensores.
Además, exigen la salida de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, “pues su presencia no tiene justificación dada la medida cautelar dispuesta por el juez, además de generar actos de violencia que ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes”.
También solicitan que la Defensoría del Pueblo abra un expediente que visibilice la represión.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno denunció un ataque a una tubería la madrugada del pasado miércoles, lo que provocó la rotura de la estructura por donde se transporta el líquido vital hacia Palo Quemado, dejando a cientos de moradores del sector sin acceso a agua.
La institución manifiesta que “actores ajenos a la zona buscan sembrar el caos e inestabilidad, generando enfrentamientos entre la comunidad y las fuerzas del orden”.
Hasta ayer había nueve ciudadanos y 37 uniformados heridos, así como vehículos incinerados y varios daños a la propiedad privada.
FUENTE: VISTAZO