El próximo 21 de abril, Ecuador enfrentará una consulta popular y referéndum que podría modificar significativamente el panorama legal y laboral del país. Entre las diversas cuestiones que serán sometidas a votación, destacan temas cruciales como la seguridad ciudadana, la justicia y la regulación del empleo.
En un contexto de preocupación nacional por las altas tasas de desempleo, uno de los puntos más relevantes del referéndum aborda la posibilidad de implementar contratos laborales por hora.
Por lo que, este viernes 12 de abril, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se refirió a los valores que regirían estos contratos.
La funcionaria manifestó que, la cartera de Estado tendrá una «responsabilidad histórica» si la pregunta identificada con la letra E es aprobada en la consulta popular, ya que se realizará la enmienda constitucional pertinente y también la reforma al Código del Trabajo para el contrato a plazo fijo, y que «le tocará al Ministerio de Trabajo determinar el valor del contrato por hora».
Según Núñez, el pago por hora para estos contratos variaría entre 7,80 y 12,99 dólares, siendo el sector petrolero el que podría ofrecer la tarifa más alta.
«Esta propuesta ha sido discutida ampliamente con todos los sectores involucrados: empresarios, trabajadores y representantes del Estado. Estamos todos de acuerdo en que es crucial apoyar políticas que promuevan la empleabilidad y ofrecer opciones de trabajo digno a esa gran parte de nuestra población económicamente activa, que actualmente no tiene empleo», afirmó la ministra Núñez.
Además del tema laboral, los ecuatorianos decidirán sobre la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas con la Policía para combatir el crimen organizado, la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos en ciertos casos y la creación de juzgados especializados en materia constitucional. También se votará sobre el reconocimiento de los arbitrajes internacionales, un punto vital para la atracción de inversiones extranjeras.
Las reformas propuestas en el ámbito de la justicia incluyen la elevación de las penas para delitos graves como terrorismo, narcotráfico, sicariato y minería ilegal, y la eliminación de beneficios penitenciarios para condenados por delitos de alta gravedad.
La consulta del 21 de abril no solo determinará cambios en la legislación laboral y penal, sino que también podría tener un impacto profundo en la capacidad del país para atraer inversiones y mejorar la seguridad pública.
FUENTE: VISTAZO