Michael Hernández, uno de los directores de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura y hoy testigo protegido de la Fiscalía, salió bien librado en el caso Plaga.
El juez Edison Cantos lo condenó a 10 meses de prisión y al pago de USD 16 500, porque aceptó el delito, se entregó voluntariamente a la justicia y dio información sobre 12 hechos que involucran a jueces y exjueces de la Corte Nacional y funcionarios de la Judicatura. Esto permitió a la Fiscalía abrir nuevas investigaciones por cohecho y tráfico de influencias.
Hernández permanecerá en El Domo, como se conoce al área transitoria número 3 de la cárcel de Cotopaxi, con medidas de protección, hasta mayo próximo, cuando cumplirá su pena reducida.
En la audiencia del 24 de enero, Hernández aceptó haber formado parte de la red de corrupción del caso Plaga, liderada por Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, quien está prófugo.
Confesó que en 2022 gestionó en la Corte Nacional un recurso de casación a favor de Gonzalo Ruales, un condenado por tráfico de influencias. Romero le entregó USD 50 000 para lograrlo. Ese recurso fue concedido por el juez Adrián Rojas y el exjuez Luis Rivera. Marco Rodríguez votó en contra.
Con Michael Hernández son nueve los procesados del caso Plaga que han aceptado el delito de delincuencia organizada y su participación en el grupo criminal que compraba y vendía sentencias para sacar a presos de la cárcel. De todos ellos, Hernández es quien ha obtenido la pena más baja.
FUENTE: ECUAVISA